El Tribunal de Garantías Penales sentenció a cinco años de cárcel a Francisco Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta de Ecuador, por el delito de oferta de realizar tráfico de influencias dentro del denominado caso Nene. La resolución fue comunicada este 12 de febrero de 2026, tras más de tres semanas de deliberación judicial y con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Una sentencia privativa de libertad, sanciones económicas y restricciones políticas forman parte del fallo emitido contra Francisco Sebastián Barreiro, familiar directo de la exvicepresidenta Verónica Abad, dentro de una investigación penal por oferta de tráfico de influencias. El dictamen fue anunciado de forma oral por el Tribunal de Garantías Penales que llevó la causa.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, además de la pena de cinco años de prisión como autor directo del delito, los jueces dispusieron el pago de una multa equivalente a 12 salarios básicos unificados (USD 5.700), la suspensión de los derechos de participación por diez años y la obligación de ofrecer disculpas públicas.
El proceso se inició a partir de una denuncia ingresada a través del Buzón de Transparencia del portal institucional de la Fiscalía. Según la acusación, la víctima mantuvo una reunión el 8 de diciembre de 2023 con el ahora sentenciado en un hotel de Quito, donde se le planteó la posibilidad de obtener un cargo en la Vicepresidencia de la República. Como condición, debía entregar USD 1.700 de su salario mensual, fijado en USD 3.200. Para asegurar esos pagos, se le pidió firmar una letra de cambio por USD 30.600 con plazo de un año.
Siempre según la reconstrucción fiscal, el denunciante aceptó el puesto, pero fue desvinculado meses después. Posteriormente se reunió con Barreiro en una oficina en Cuenca, donde —de acuerdo con la versión presentada en juicio— el procesado incineró la letra de cambio firmada.
Durante el juicio se incorporaron pericias y elementos de verificación, entre ellos un cotejamiento de voces de una grabación telefónica donde se coordinaba la entrega del dinero. El informe técnico concluyó que las voces correspondían al sentenciado y al afectado. También se expusieron reportes de seguimiento y vigilancia, actas de reconocimiento de evidencias —incluido el contenedor donde se habría quemado el documento— y el análisis de una imagen captada en el momento de la incineración.
En la misma causa figura un segundo procesado, identificado como Daniel R., quien permanece prófugo. Su juzgamiento está suspendido hasta que sea localizado por las autoridades.
