Alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca enfrentan procesos judiciales
Las administraciones de Quito, Guayaquil y Cuenca enfrentan procesos judiciales en curso que involucran a sus alcaldes, Pabel Muñoz, Aquiles Alvarez y Cristian Zamora, respectivamente, por presuntos delitos que van desde irregularidades contractuales hasta delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito.
Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía General del Estado, avanzan en distintas etapas y han sido impulsadas tanto por actuaciones de oficio como por informes de control emitidos por entidades como la Contraloría General del Estado.
En la capital, el caso que involucra a Pabel Muñoz se centra en la compra de 60 trolebuses eléctricos para el sistema de transporte municipal. El alcalde compareció ante la Fiscalía el 24 de marzo de 2026 para rendir su versión. Hasta finales de ese mes, la causa permanecía en fase preliminar, sin formulación de cargos.
En Guayaquil, Aquiles Alvarez enfrenta el proceso más avanzado. Dentro del caso “Goleada”, la Fiscalía investiga una presunta estructura vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria. El alcalde fue detenido en febrero de 2026 junto a varios implicados y permanece con prisión preventiva en la cárcel de El Encuentro.
A esto se suma el caso “Triple A”, relacionado con la presunta comercialización irregular de combustibles antes de asumir funciones municipales. En este expediente, un juez dispuso su encarcelamiento tras el incumplimiento de medidas sustitutivas. Las diligencias han incluido allanamientos, incautaciones y congelamiento de cuentas.
En el sur del país, Cristian Zamora es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía realizó allanamientos en su vivienda y en dependencias municipales durante marzo de 2026, con el objetivo de recabar indicios sobre un posible incremento patrimonial no justificado. El proceso se mantiene en etapa inicial y no registra medidas cautelares.
Las tres causas continúan en desarrollo y sin resoluciones definitivas, en medio de un escenario marcado por el seguimiento de los organismos de control y el avance de las diligencias judiciales.
